A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La controversia entre los despachos involucrados se fundó en reglas de reparto.

Lo anterior, pese a que la jurisprudencia constitucional ha señalado que este tipo de directrices no pueden ser invocadas por las autoridades judiciales para negar su competencia, en la medida que corresponden a simples reglas administrativas.

Concluye la Sala que quien debe resolver la acción de tutela es aquella con competencia a la que se repartió en primer término, en este caso, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Se ordena enviar el expediente a la precitada Corporación para que profiera la decisión de fondo a que haya lugar.

Se insta a los despachos de los magistrados Carlos Enrique Moreno Rubio, de la Sección Quinta del Consejo de Estado y Felipe Alirio Solarte Maya de la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; a que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, a fin de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Así mismo, se insta al despacho del magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a que, en lo sucesivo, se abstenga de rechazar acciones de tutelas por razones distintas a las previstas por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.